Chile proposes stiff penalties for undefined civil disorder

CRITICA AL PROYECTO DE LEY HINZPETER O ANTITOMAS

Florencio Pardo.

La normativa o el proyecto de ley que actualmente se discute en el parlamento, conocida como ley anti-tomas, o Hinzpeter, pretende reemplazar el tipo penal o delito de desórdenes públicos, contenido en el artículo 269 del Código Penal, que actualmente reprime los desordenes públicos con una pena que va de 61 a 540 días de presido menor en su grado mínimo, (norma penal que no define que es o que se debe entender por desorden publico y por ende muy criticada por atentar contra la tipicidad expresa que debe configurar una conducta penada por la ley) por una nueva figura que eleva la penalidad y sanciona el delito de desordenes públicos, con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años, a quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que implique: paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte. Proyecto de ley del todo criticable, puesto que pretende extender la punibilidad a comportamientos que hoy por hoy no son penalizados, y que evidentemente lesiona las reglas generales y universalmente adoptadas de autoria y participación, puesto que se debe entender, que se debe considerar autor de una conducta ilícita, a quien ha tenido, desde un punto de vista objetivo y subjetivo a la vez, el dominio final del hecho típico. Lo que supone la capacidad y asimismo la posibilidad de decidir acerca de su realización y consumación. Que asimismo, aunque se entendiese que el proyecto Hinzpeter, busca adelantar la intervención penal, creando una especie de delito de peligro para proteger el ORDEN PUBLICO, es del caso, que para ello el bien jurídico que se intenta proteger debiera de ser tan magnitud que solo por esta vía pudiese protegerse, pero en Chile existe el delito de desordenes, asimismo existe el delito de daños, el delito de desacato etc. resultando innecesario la creación de este tipo de delitos.

Por lo que se puede decir, abiertamente que la ley Hinzpeter, extiende y adelanta descontroladamente la intervención del estado y su derecho a castigar, a sujetos que nunca pueden tener el control de hechos ajenos o de terceros, puesto que pretende castigar a quienes “hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia….” recordando que el derecho penal solo debe sancionar conductas exteriorizadas del sujeto y no las ideas o intenciones.

Asimismo, la denominada ley Hinzpeter, sanciona con una pena de presidio menor en su grado medio, esto es, de 541 días a 3 años a quines realicen las conductas de invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; emplear armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad; o causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular.

Como es sabido, hoy por hoy las tomas u ocupaciones de recintos, como colegios, universidades, dependencias publicas, no son delito, y por ende nunca se pudo considerar en Tribunales, como delito de usurpación, puesto que los sujetos involucrados, no tienen un animo de apropiarse de los recintos tomados u ocupados, ni tampoco buscan un lucro o beneficio económico y así lo ha estimado reiteradamente la jurisprudencia emanada de los Tribunales de la nación, puesto que además el derecho de propiedad, unos de los supuestos bienes jurídicos protegidos, en Chile se encuentra ampliamente protegido por el derecho registral. De aprobarse esta ley por el solo hecho de tomarse u ocuparse una propiedad, se estaría realizando el delito o verificándose la conducta reprochada por la ley, sin importar que el animo del ocupante no sea el de apropiarse de esa propiedad o de no obtener un lucro y solo tenga la intención de ejercer sus derechos fundamentales, el derecho a la protesta que se traduce y comprende los derechos de expresión, de asociación, de circulación o movilización y de petición a la autoridad de forma organizada, garantizados todos ellos inclusive en la espuria Constitución Política de Pinochet en su articulo N°19.

Respecto del actual delito de desordenes públicos y la reforma que se pretende incorporar por Hinzpeter, hay que agregar, que hasta la fecha, generalmente ante el delito de desorden publico a sus hechores o imputados, se les aplica el principio de oportunidad por parte del Ministerio Publico, es decir, se abandona la investigación o derechamente no es iniciada la investigación por parte de los fiscales, esto en razón de no existir un interés publico, según texto legal, en perseguir este tipo de delitos por la minima penalidad asociada al delito (articulo 170 código procesal penal). De aprobarse la ley Hinzpeter, los fiscales estarán obligados a seguir la investigación hasta la sentencia o salida alternativa (Suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio) si fuere del caso, por haberse elevado la pena de 541 días a 3 años de presidio menor en su grado medio y en este caso, si tener el Estado interés en perseguir este tipo de delitos, según lo ordenado por el código procesal penal.

El proyecto de ley Hinzpeter, inicialmente contemplaba una mordaza para los medios de prensa y comunicación y asimismo lo transformaba, como bien dijo el circulo de periodistas de Santiago, “en un brazo auxiliar de los cuerpos policiales” y colocaba a los informadores que se nieguen a entregar su material de trabajo “bajo el riesgo de ser encausados por obstrucción a la Justicia”. Puesto que facultaba a la Policía el poder solicitar a los medios de comunicación la “entrega voluntaria” de filmaciones, grabaciones o archivos electrónicos sin orden judicial, con el fin de identificar a posibles autores de delitos. Asi mismo señalaron “que este constituía “el peor atentado al ejercicio del periodismo libre desde la instalación del sistema democrático en 1990″. (diario el Mostrador.cl 18 de enero de 2012)

Como se puede analizar, este proyecto de ley no es mas que criminalización del derecho a la protesta ciudadana, y barre con las garantías constitucionales o derechos fundamentales de asociación, reunión, de expresión y petición. Lo que el proyecto de ley busca es penalizar el derecho fundamental de petición a la autoridad organizado ( que se materializa en la protesta, el miting, el reclamo popular). Lo que además viola principios básicos y universales del derecho penal, que toda legislación penal debe respetar y contemplar a la hora de reprochar una conducta o tipificar un delito, como el principio de ultima o extrema ratio (el derecho penal solo se utilizara como medida extrema para proteger bienes jurídicos de suma y elevedadisima importancia) y asimismo el de lesividad (el que exista una grave lesión a un bien jurídico), de aprobarse este proyecto de ley, seria el inicio del camino para la implantación del derecho penal del enemigo en la legislación penal nacional, haciendo caminar a Chile de un Estado de derecho social (supuesto) a un Estado de derecha policial (declarado)

Es hora de manifestarse y de que este proyecto de ley no sea aprobado en el Parlamento, recordando que la soberanía reside en el pueblo y solamente en el pueblo y que solo el pueblo es el único y exclusivo dueño del poder constituyente.

Florencio Pardo Montenegro. Abogado
Estudiante Doctorado Derecho Penal
Universidad de Buenos Aires (UBA)

google translates it like this:

Florencio Pardo.
Legislation or the bill currently being discussed in parliament, known as anti-law takes or Hinzpeter, intended to replace the crime or offense of disorderly conduct, contained in Article 269 of the Criminal Code, which punishes currently disorders public with a penalty ranging from 61 to 540 days preside lower its minimum degree (criminal law does not define who is or who is meant by public disorder and therefore widely criticized for threatening the typical states that you must configure a conduct punishable by law) by a new figure that raises the penalty and punish the crime of public disorder, to a term of imprisonment in its medium degree, that is, from 541 days to three years, who participate or who have incited, promoted or encouraged, disorders or any other act involving force or violence: paralyze or disrupt any public service, such as the hospital, the emergency and electricity, fuel, water, communications and transport. Bill entirely reprehensible, since it aims to extend criminal liability to conduct which currently are not penalized, and that obviously hurt the general and universally adopted authorship and participation, as it is to be understood, to be considered the author of unlawful conduct, who has had, from an objective point of view and subjective at the same time, the final domain typical fact. What is the capacity and also the possibility to decide on its implementation and completion. They also understood that although the project Hinzpeter, looking forward the criminal intervention, creating a sort of crime of danger to protect public order, it is the case that for it the legal right to be protected should be so great that Only in this way could be protected, but in Chile there is the crime of disorders, there is also the crime of damage, etc. the crime of contempt. creating unnecessary proving such crimes.

So you can say openly that the law Hinzpeter extends forward uncontrollably and state intervention and the right to punish, subjects can never be in control of the actions of others or others, as it seeks to punish those who "have encouraged, promoted or encouraged, riots or other acts of force or violence .... "recalling that the criminal law should only punish conduct externalized the subject and not the ideas or intentions.

Also, the law called Hinzpeter, punishable by a term of imprisonment in its medium degree, that is, from 541 days to three years to perform behaviors quines invade, occupy and pillage homes, offices, commercial, industrial, educational, religious or any other, whether private or municipal tax, prevent or alter the free movement of persons and vehicles on bridges, streets, roads or other public goods like; threatening against the authority or its agents, using weapons of fire, cutting or piercing, explosive devices or elements, chemicals or other incendiary or capable of causing damage to persons or property, or damage to property, whether public, municipal or private.

As you know, today the shots or occupations of venues, such as schools, universities, public agencies are not offense, and therefore could never be considered in courts, as a crime of theft, since the subjects involved, have no encourage appropriate the premises taken or occupied, nor seek financial gain or economic benefit, as it has repeatedly estimated the jurisprudence of the courts of the nation, as well the right to property, one of the alleged protected rights, in Chile is widely protected by registration law. If passed this law just because of taking or arranging a property, you'd be verifying the offense or the conduct alleged by the law, no matter what the mood of the occupant other than the ownership of that property or not obtain a profit and only intends to exercise their fundamental rights, the right to protest which translates and understands the rights of expression, association, movement or mobilization and application to the authority of an organized, including guaranteed all the spurious Pinochet Constitution, in Article No. 19.

Regarding the current offense of public disorder and reform to be endorsed by Hinzpeter, I must add, that to date, usually before the offense of disorderly conduct their perpetrators or suspects, are subject to the principle of opportunity by the Ministry public, ie, leave the investigation or straight is not initiated the investigation by prosecutors, that because of the absence of a public interest, according to statute, in pursuing these crimes by the minimal penalty associated with the offense ( Article 170 Criminal Procedure Code). If approved Hinzpeter law, prosecutors are obliged to follow the investigation to sentencing or alternative exit (conditional stay of proceedings or reparation agreement) if it were the case, the penalty for having risen from 541 days to three years of imprisonment in its intermediate and in this case, if the state have an interest in pursuing this type of crime, as ordered by the criminal procedure code.

The bill Hinzpeter initially contemplated a gag for the media and communication and also transformed it, as you said Santiago circle of journalists, "in an auxiliary arm of the police" and placed the informers who refuse to deliver your work material "under the risk of being prosecuted for obstruction of justice." Since empowered the police the power to request the media's "voluntary surrender" of films, recordings or electronic files without a warrant, in order to identify potential offenders. Likewise noted "that this was" the worst attack on the free exercise of journalism from the installation of democracy in 1990. " (Daily Mostrador.cl January 18, 2012)

As can be analyzed, this bill is nothing more than criminalizing citizens right to protest, and sweeps or constitutional guarantees fundamental rights of association, assembly, expression and petition. What the bill seeks to penalize the fundamental right to petition authorities organized (which is embodied in the protest, the miting, the popular demand). It also violates basic and universal principles of criminal law, criminal law that all must respect and admire when criticized or criminalize conduct a crime, as the beginning of last or extreme ratio (criminal only be used as a measure of to protect legal interests of paramount importance and elevedadisima) and also the harmfulness (where there is serious injury to a legally protected), if passed this bill, would be the beginning of the road to the implementation of the criminal law of the enemy in the national criminal law, making walking a Chile social rule of law (of course) right to a State Police (declared)

It's time to manifest and that this bill is not passed in Parliament, recalling that sovereignty resides in the people and only the people and only the people are the sole and exclusive owner of the legislature.

Florencio Pardo Montenegro. Lawyer
Doctoral Student Criminal Law
University of Buenos Aires (UBA)

Taken from www.elrodriguista.cl

http://colectivoandamios.blogspot.com/2012/07/critica-al-proyecto-de-ley...

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